A 14 de diciembre y el equipo de
gobierno local, presidido por Carmen Barrera, no ha presentado los
presupuestos para el año 2013. Algo que, en mi modesta opinión, no
habla bien de la alcaldesa ni de la concejala de Hacienda, Patricia
Ferrero. Alguien que asume las tareas de gobernar una institución,
una de sus responsabilidades es, al menos, intentar presentar los
Presupuestos para el correspondiente ejercicio, porque ellos,
conforme a lo dispuesto en el art. 162 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, “constituyen la
expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que,
como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos
autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el
correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y
gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local correspondiente”.
Además, como, a buen seguro, tanto la
Secretaria como la Interventora le habrán informado, el art. 164 del
citado texto refundido, en su primer apartado, ordena que “Las
entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto
general en el que se integrarán (...)”. Y, por lo tanto, no
cumplir con lo preceptuado, podría la alcaldesa y la concejala de
Hacienda, a parte de en responsabilidades políticas, en las legales
que correspondan. No quiero llegar al extremo de insinuar que
pudiera incurrir en prevaricación administrativa, pero no es menos
cierto que es posible incurrir en el delito de prevaricación
administrativa por omisión (Sentencia de la sección 2ª de la
Audiencia Provincial de Toledo de 28 de junio de 2005 o la dictada
por la sección 1ª de 30 de julio de 2007, haciéndose eco del
acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 30 de
junio de 1997), y “queda consumado en la doble modalidad de
acción o comisión por omisión con el claro apartamiento de la
actuación de la autoridad del parámetro de la legalidad,
convirtiendo su actuación en expresión de su libre voluntad, y por
tanto arbitraria”. Pero, como decía con anterioridad, la
responsabilidad puede ser de orden civil, a parte de la penal, en
caso de la comisión de un delito, y es así de conformidad con el
art. 78.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, cuando los miembros
de las corporaciones causen perjuicio por sus acciones u omisiones.
Es obvio que dejar a la deriva el
Ayuntamiento, con unos presupuestos prorrogados desde el año 2009,
puede generar perjuicios porque la realidad municipal no es la misma
ahora que cuando se aprobaron los últimos presupuestos. Así que
insto a nuestros representantes municipales a que cumplan con su
obligación negocien y aprueben un presupuesto, el que sea, so pena
de poder incurrir en un delito tipificado en el art. 404 del Código
Penal.
Cuestiones legales aparte, rogaría que
dejasen de jugar a costa del erario público y de la paciencia de los
ciudadanos convocando plenos absurdos de 49 puntos en el orden del
día con el claro fin de demostrar lo desleal que es la oposición
que no aprueban las subidas de las tasas conforme al IPC. Mira que el
Grupo Popular, a través de su portavoz, se lo dejó en bandeja
instando a la Alcaldesa a presentar un presupuesto y sobre él se
negociarían las subidas de tasas, y aún así, no ella no se ha
molestado en elaborar los Presupuestos Generales del Municipio.
Por último, aunque no estuve en el
último pleno ordinario ya que fui a la reconstitución de COSERVI,
me gustaría que las próximas mociones sobre violencia contra la
mujer, ya que se trata, en mi opinión, de una política de Estado,
las fuerzas políticas las consensuaran. Es algo muy serio, un
problema muy grave que necesita de comportamientos responsables por
parte de los políticos, escuchando, para empezar, a los
profesionales que trabajamos asistiendo a las víctimas de violencia
de género. Nosotros, los que somos abogados del turno de violencia
de género, tenemos un conocimiento directo de la problemática,
sabemos cómo está funcionando la legislación vigente en la materia
y los instrumentos que han articulado los poderes públicos, y, para
colmo, cuando una mujer que sabes que está sufriendo maltrato de
verdad y decide retirar la denuncia, te sientes frustrado por no ser
capaz de convencerla para que prosiga con lo que ha iniciado e
impotente porque, una vez tomada esa decisión, careces de margen de
maniobra. Por todo ello, me indigna enormemente cómo los políticos
juegan con este tema a tirarse los trastos a la cabeza, porque así,
puede que consigan titulares, pero, a buen seguro, no se buscan las
mejores soluciones para erradicar este drama.
Publicado en la edición de enero de 2013 de la Crónica de Piloña
Twitter: @josecarrerob
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